La celebración del 80º aniversario de las Naciones Unidas en 2025 no ha sido festiva, sino que ha estado marcada por un tono sombrío y una advertencia de "carrera hacia la quiebra". Este debilitamiento no es accidental; responde a una crisis del multilateralismo profundizada por el segundo mandato de Donald Trump, quien ha convertido la asfixia financiera de la organización en una herramienta de coerción económica. Con una deuda acumulada que ronda los 3.000 millones de dólares y el congelamiento de contribuciones esenciales, el gobierno estadounidense está forzando una transición hacia un modelo donde la participación de Washington es estrictamente transaccional.

Esta nueva era no busca reformar el sistema internacional, sino instrumentalizarlo para fines nacionales y personales. La visión del embajador Mike Waltz es reveladora: la ONU debe servir para reducir las barreras de entrada a las empresas estadounidenses y para que EE. UU. defina las normas globales en tecnología, telecomunicaciones y el espacio. Si la organización no se pliega a estos intereses, simplemente se le retira el apoyo, como demuestra la salida de múltiples agencias y tratados. Estamos ante un multilateralismo à la carte que utiliza la debilidad institucional para imponer una hegemonía basada en la coerción tecnológica y la superioridad militar.

Bajo esta premisa, la impunidad del intervencionismo militar ha encontrado un terreno fértil. La "ley del más fuerte" justifica hoy desde operaciones para capturar líderes extranjeros hasta ataques preventivos unilaterales, como la “Operación Furia Épica” contra Irán, que ha sido denunciada como una violación directa de la Carta de la ONU. El uso de la fuerza bruta vuelve a ser el eje de las relaciones internacionales, dejando al Consejo de Seguridad paralizado y marginado ante una escalada de conflictos que ya afecta a decenas de países.

Sin embargo, el rasgo más distintivo de este periodo es la “privatización de los beneficios” a través de una «diplomacia de amiguismo». La política exterior ya no se rige por valores democráticos o consensos transatlánticos, sino por una cosmovisión mercantilista que busca enriquecer negocios particulares (privados). En este esquema, los procesos de pacificación y la resolución de crisis en lugares como Venezuela, Ucrania o el Ártico se perciben como oportunidades para monetizar recursos naturales y tierras raras.

La "privatización de la paz" en Oriente Próximo o África no es más que la cara amable de una estrategia que aspira a convertir la estabilidad global en una mercancía negociable. Mientras la ONU se ve obligada a recortar su asistencia humanitaria y sus misiones de paz por falta de fondos, la administración Trump inaugura un orden donde el éxito diplomático se mide en el balance de beneficios de unas pocas corporaciones y aliados políticos, consolidando un interregno peligroso donde las viejas normas han muerto y lo nuevo nace de la pura transacción comercial.

Miguel F. Jiménez Canido
Internacionalista
Analista, miembro del Observatorio de Coyuntura y Asuntos Internacionales, Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA), Bolivia.